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Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- Estados Unidos señaló dudas sobre la capacidad del sistema legal para procesar a los acusados de corrupción en República Dominicana.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, el Departamento de Estado de EE.UU., además reiteró la impunidad del abuso contra la integridad física de nacionales y extranjeros por parte de agentes policiales.
«En los últimos años, el fiscal general procesó varios casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias, aunque la mayoría aún no habían sido procesados en los tribunales y la capacidad del sistema legal para hacerlo con éxito seguía en duda», resalta el informe publicado este lunes en el apartado sobre corrupción y falta de transparencia del Gobierno.
El documento se hace público un día después que la Procuraduría General de la República apresara a José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, exministros administrativo de la Presidencia, de Hacienda y Obras Públicas, respectivamente.
En la denominada operación Calamar fueron detenidas otras 20 personas mediante 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de investigación, 300 agentes de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
El grupo está acusado de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos.
«El 28 de agosto, el juez coordinador del Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional autorizó a PEPCA a avanzar la investigación de corrupción contra Donald Guerrero, ministro de Hacienda, durante el gobierno de Medina de 2016 a 2020», resalta el informe sobre las pesquisas contra el exfuncionario que iniciaron en 2021 y de las que se desprende su arresto en la madrugada del domingo.
El documento pone en evidencia que el Gobierno encabezado por Luis Abinader «implementó la ley de manera efectiva» y que la Pepca investigó a funcionarios presuntamente corruptos; sin embargo, la corrupción gubernamental sigue siendo un «problema grave en el país».
«El gobierno tomó medidas en algunos casos para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley a veces condujo a la impunidad», concluye el informe publicado este lunes.
