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Por: Abed-nego Paulino
En la “cuerda floja” está el informe que busca la destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas (CC), debido al tranque para su aprobación en la Cámara de Diputados y al poco tiempo que le queda a esta legislatura, que se cierra el 26 de este mes.
Mientras más se acerca el final del periodo de 150 días de trabajo en el Congreso Nacional, también se alejan las esperanzas de un eventual consenso entre la oposición y el oficialismo para lograr la mayoría especial necesaria y refrendar la pieza.
Y es que desde que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) hizo oficial su apoyo a un juicio político contra los miembros del órgano fiscalizador, los legisladores de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) anclaron más su objeción a ese requerimiento, mediante “agrias” acusaciones contra el Gobierno. Lo propio hizo el bloque oficialista en la Cámara de Diputados.
Por otro lado, Alfredo Pacheco, presidente del órgano parlamentario, convocó a sesión para el próximo martes, a la 1:00 de la tarde, y es el tercer encuentro en que el informe favorable está en la agenda del día para ser sometido a conocimiento del hemiciclo, sin esperanza de progreso.
De acuerdo con Rogelio Alfonso Genao Lanza, que dirigió la comisión especial de 17 diputados que investigó las supuestas irregularidades cometidas por los cinco titulares de la Cámara de Cuentas, el pleno legislativo no conoció esta semana las 92 páginas del documento acusatorio porque -según ponderó- hay que darle un tiempo a la sociedad “para que se empape del proceso”.
Debates
Aún ayer salieron a relucir los dimes y diretes entre legisladores que apoyan la destitución de los miembros del órgano extrapoder y quiénes no.
De Fuerza del Pueblo se pronunció el diputado Hamlet Melo, quien, al igual que Rubén Maldonado, miembro del mismo partido, acusó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, de estar “detrás” del informe acusatorio que leyó Genao Lanza. De acuerdo con Melo, no hay elementos suficientes para realizar un juicio político contra el pleno de la entidad auditora.
De su lado, Víctor Suárez, del PLD, dijo que el Gobierno debe reconocer que eligió a los titulares de la CC, “y si ellos los eligieron, y son malos, los eligieron mal”. “El PLD no defiende a esos miembros. Eso es como dicen: ´no te metas en pleito de marido y mujer´. Eso es pleito entre el PRM y esos cinco miembros”, señaló el integrante de la comisión especial.
En reacción, Soraya Suárez, del PRM, exhortó a la oposición a “dejarse de cuentos” con la CC, y consideró que los miembros de ese órgano deben ser destituidos. “También dicen que queremos una CC nuestra, entonces, ¿de quién es la CC actual? ¿No es de todos? ¿No la elegimos todos?”, cuestionó la diputada.
Realidad ante juicio político
De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, la Cámara Baja puede acusar ante el Senado a los miembros de la CC “por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula”. Es decir, con 127 votos.
El PRM sólo tiene 98 diputados de los 190 del Congreso, y no todos apoyan el eventual juicio político; con los aliados los números no alcanzan.
En 2008 hubo un juicio político a la Cámara de Cuentas
En el año 2008 se llevó a cabo en el país un juicio político contra miembros de la Cámara de Cuentas, acusados de cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Mediante un informe, la Cámara de Diputados acusó y sometió ante el Senado de la República a Andrés Terrero Alcántara, Henry Mejía Oviedo, José Altagracia Gregorio, José Altagracia Maceo, Julio De Beras, Luis Yépez Suncar, Alcides Benjamín Decena Lugo, Juan Adalberto Lora Ruiz y Freddy Bolívar Almonte Brito. El resultado del juicio político contra cuatro miembros de la entidad fue la destitución de Alcides Decena Lugo, el 4 de julio del 2008, tras evidenciarse que incurrió en “fallas administrativas”. Los demás miembros del órgano, incluido su presidente, renunciaron antes de esperar la decisión. Otro juicio político sonoro en el país fue en 1972 contra el entonces síndico del DN, Manuel A. Jiménez.
