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Por: Loyda Peña
Solo dos de los 20 imputados en el caso Calamar terminaron en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, donde guardarán prisión preventiva por 18 meses mientras el Ministerio Público continúa la investigación. Son ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero, y el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta.
Por disposición de la jueza de la Instrucción Kenya Romero, todos los demás imputados en el entramado que habrían estafado al Estado Dominicano con RD$19,000 millones, incluido el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, serán procesados estando en sus casas.
¿Por qué prisión para dos?
La jueza explicó que al cruzar los elementos puntuales que presenta el MP con los de las defensas técnicas de cara a los criterios de razonabilidad, objetividad y utilidad, en el caso específico de Donald y Peralta se configuran los presupuestos que dan lugar a la imposición de la medida solicitada por el órgano acusador, respecto del peligro que, estando en libertad, ambos representan para la investigación aún en curso.
“Entiende esta jueza, que existe de cara a la investigación, son ubicados de cara a las propuestas de tipo testimonial y a las propuestas de tipo documental; de cara al levantamiento de la investigación, a la dinámica y a la cronología exhibida que amerita una técnica de investigación que potencialmente podrían estar en riesgo dada la naturaleza de la investigación , el daño a resarcir , a la gravedad de la imputación…”, dijo en sus motivaciones.
¿Por qué no Gonzalo?
Respecto del exministro de Obras Públicas para quien el MP también solicitó 18 meses de prisión preventiva, la jueza ordenó arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica de RD$20 millones en la modalidad de contrato.
Dijo que la oferta probatoria del MP como oferta testimonial junto a los otros bloques documentales, periciales y demás en sostén a su solicitud, han sido identificados como una pretensión probatoria.
Indicó que este momento procesal se ciñe a la indicación del tribunal de una cronología investigativa como elemento para evaluar los supuestos adjetivos que establece el legislador.
“En ese sentido, existe base jurídica para excluirlos ya que por su fisonomía, estamos claros, conscientes de nuestro rol y del momento procesal y el espectro de nuestro apoderamiento, que se ciñe a ese fin, puesto que está proscrito en esta etapa procesal practicar pruebas”.
Medidas a otros imputados
Al excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo la jueza le impuso como medida de coerción impedimento de salida y fianza de RD$3 millones.
También el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, estará bajo arresto domiciliario con impedimento de salida; y Ángel Lockward, quien tendrá que pagar en efectivo una garantía económica de RD$7 millones.
Iguales medidas aplican también para los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández; Aldo Antonio Gerbasi, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramon David Hernández, Yahaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Emir José Fernández de Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación,
Al imputado Rafael Parmenio Rodríguez, le fueron impuestas la presentación periódica y prohibición de salida del país .
Defensas reaccionan
Los abogados de Peralta calificaron como “un atropello” de parte de la jueza enviar a prisión su cliente, por entender que la solicitud del MP en su contra está sustentada únicamente en delaciones premiadas “que en este momento no deben tener ningún impacto en términos de prueba.
Santiago (Chago) Rodríguez, quien junto a Emery Rodríguez conforman la defensa técnica del exministro administrativo de la Presidencia, dijo que esperarán se les notifique la decisión para determinar si la apelarán.
De su lado, la defensa de Gonzalo consideró “razonable” la medida de coerción impuesta a su cliente, afirmando que eso le permite al MP investigar sin ningún temor de que él se va a montar en una aeronave, y al imputado seguir su vida normal trabajando “hasta que llegue esa acusación, si es que llega, y si tiene sustento”, dijo Laura Acosta, quien junto a Luis Rivas integran la defensa del excandidato presidencial.
MP valora
La directora de Persecución de la procuraduría general Yeni Berenice Reynoso dijo ayer que la decisión del tribunal respecto de las medidas de coerción a los imputados en el caso Caracol, “corrobora lo que ha dicho el MP de la seriedad y la contundencia de la investigación”.
Dijo que la investigación del caso Calamar continúa en curso, y que todo el que haya cometido un ilícito será llevado ante los tribunales.
Informó que en las próximas horas solicitarán a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la designación de un juez especial para que conozca los hechos que relacionan al diputado Sergio Moya con el caso Calamar.
