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En el caso de Eduardo Rivera Pichardo, hijo del supuesto cabecilla, también se le impuso la misma medida.
Por: MELANIE CUEVAS, ADRIANA FORTUNA
Santo Domingo, R.D. – El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó este jueves las medidas de coerción a guardar durante los próximos meses por los implicados en Operación Nido, acusados de estafa inmobiliaria.
Aunque la audiencia estaba pautada para las 7:00 de la noche, el juez entró al tribunal con un retraso de más de tres horas, pasadas las 10:30 de la noche.
La decisión del magistrado en contra del principal implicado de la supuesta red Emmanuel Rivera Ledesma, fue dictada prisión preventiva por un periodo de 18 meses en Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.
En contra del acusado, que se presentaba como ingeniero ante los supuestos estafados, el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva.
En el caso de Eduardo Rivera Pichardo, hijo del supuesto cabecilla, también se le impuso la misma medida.
Para Mirna Catalina Rivera Ledesma y para Juan Omar Rosario López, también les fue dictado por igual prisión preventivo durante 18 meses, en el caso de la dama en Najayo-Mujeres, mientras que para Rosario López en Najayo-Hombres.
Mientras a María Gabriela Rivera Pichardo, hija de Rivera, le impusieron como medida cautelar arresto domiciliario, grillete electrónico y garantía económica de tres millones de pesos.
Para el testigo del Ministerio Público, Reilin Arismendy Rosario García, le fue dictado arresto domiciliario, presentación periódica y grillete electrónico.
En tanto, que para la esposa de Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, se le impuso garantía económica de cinco millones de pesos, a ser pagados mediante una compañía aseguradora, así como grillete electrónico e impedimento de salida del país y arresto domiciliario.
ENCENDIDO DE VELAS
Horas antes de que se emitiera la decisión del juez, decenas de afectados por la presunta red se agruparon en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con pancartas y velas, pidiendo la prisión preventiva como medida cautelar para los acusados.
Entre las consignas proclamadas a viva voz estaba “¿Y el dinero donde esta? En el Banco Popular”, así como “¿Y a Emmanuel lo queremos? Preso”, entre otras.
ACUSACIÓN
Esta supuesta red está acusada de vender varias veces un mismo inmueble, además de no poseer derecho de propiedad de las infraestructuras en que se construían.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, los implicados en el caso no tenían ni siquiera permiso de construcción y en algunos casos ni la propiedad del terreno.
Pese a esto, habrían vendido a distintas personas las mismas unidades de apartamento e incluso comercializaron decenas de proyectos y unidades inexistentes.
Entre los estafados detallados por el MP, se identificaron personas residentes en el país, así como dominicanos radicados en el exterior, descritos por el órgano acusador como “blanco objetivo” de los acusados, debido a que no podían verificar el avance de los proyectos ofertados en vallas publicitarias y vídeos.
Las víctimas de este proceso depositaron en cuentas de banco altas cifras para supuestamente adquirir una vivienda, algunos de estos hasta seis millones de pesos.
LO QUE DIJO EL MINISTERIO PÚBLICO
La fiscal del Ministerio Público, Sourelly Jáquez, valoró la decisión del tribunal como “justa”, tras este aceptar gran parte de lo solicitado por el órgano persecutor.
“El juez dijo que la medida de coerción es una medida bastante sería, con pruebas suficientes, no solamente documentales, sino también periciales”, aseveró Jáquez.
Resaltó además, que aquellos que no guardarán prisión preventiva como medida coercitiva, se les impusieron otras sanciones contempladas en el código, debido a que su condición “fue menor”.
Jáquez adelantó que el Ministerio Público se encuentra en proceso de interrogatorio de otros cinco vendedores inmobiliarios, de los proyectos promocionados por Rivera Ledesma.
De igual forma, informaron que ese órgano ha iniciado a recuperar bienes inmuebles pertenecientes a la red, los cuales pasarán a la custodia del Ministerio Público.
