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Por: LA REDACCIÓN
SANTO DOMINGO. – El Instituto Duartiano expresó preocupación por la tensa y delicada situación en la frontera, agravada por lo que definió como “abiertas actitudes de provocación de sectores de ese país interesados en generar confrontaciones que podrían alcanzar acciones armadas”.
“Es criticable que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales no han pasado de promesas demagógicas mientras la coyuntura de la vecina nación alcanza ribetes de alto peligro para la estabilidad de la República Dominicana”, afirmó Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad, en un encuentro con directivos.
Dijo que «no hay evidencias de que haya la más mínima preocupación de la comunidad internacional, incluyendo las grandes naciones que, como Estados Unidos, Francia y Canadá, están comprometidas con estabilizar a la nación haitiana».
“El irrespeto haitiano se está manifestando cada vez con mayor desparpajo, ya no solo es la transgresión al tratado de 1929 y el grosero desvío del río Dajabón, sino que se están produciendo agresiones de ciudadanos haitianos ubicados en la frontera norte contra los soldados del Ejército de la República Dominicana que patrullan en estricto cumplimiento de su obligación de cuidar nuestra soberanía terrestre”, declaró.
Agregó que «los remanentes de autoridad que muestra Haití siguen asumiendo una conducta poco clara, tanto el primer ministro Ariel Henry como el canciller Jean Víctor Geneus, pues no hacen la oportuna declaración de que no se verifica violación alguna del territorio haitiano por parte de la autoridad militar dominicana, para así edificar a estas gentes y evitar sus desafueros».
“El Instituto Duartiano formula un llamado de urgencia a la OEA, ONU y, de manera particular, a los gobiernos de Washington, Francia y Canadá, para que desplieguen sus esfuerzos para contribuir a alcanzar una solución pacífica, dialogada y acordada, en beneficio de ambas naciones”, manifestó.
Indicó que «debe estar absolutamente claro que nuestro país tiene que adoptar todas las medidas que sean menester para salvaguardar su integridad, los altos intereses de la nación dominicana y su soberanía».
LIO EN CIUDAD COLONIAL
De otro lado, exhortó al presidente Luis Abinader, al Congreso Nacional y a otras autoridades a que adopten medidas para preservar la seguridad en la Ciudad Colonial, el Archivo General de la Nación, el Registro Civil y otros monumentos públicos y museos emblemáticos que constituyen el patrimonio por excelencia de la dominicanidad.
«Es necesario que el Congreso Nacional legisle para que el perímetro que comprende la Ciudad Colonial solo puedan ostentar la titularidad de los inmuebles dominicanos y aquellos que revistan mayor importancia histórica-cultural y hayan sido adquiridos por extranjeros sean expropiados, conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución de la República y las leyes», advirtió.
Precisó que «lo ocurrido recientemente en la Ciudad Colonial reveló el descuido de las autoridades, puesto que en esa zona gravitan la Policía Nacional, la Policía Turística y la Policía Municipal, además de los organismos de seguridad, y nadie estuvo presente en la grave escena que afectó por horas emblemáticos espacios abiertos como la Plaza Duarte y el parque Colón, amenazando la integridad de la Santa Iglesia Catedral Primada de América».
Lamentó que, a la fecha, no hay ningún informe oficial en respuesta a estos desmanes, no se ha informado nada con relación a los responsables de estos vergonzantes acontecimientos, los cuales sembraron la inseguridad en las calles, violaron el domicilio de familias, alteraron la paz en las viviendas y establecimientos comerciales de un sector tan sensible y tradicionalmente seguro.
«Deploramos este descuido y demandamos que se instalen cámaras en estas plazas públicas, al igual que en la Puerta de la Misericordia, el Altar de la Patria el Panteón Nacional o de la Patria y se establezcan servicios de vigilancia las veinticuatro horas del día como manera de ofrecer el nivel de garantía necesaria para que impere el mayor respeto y el más elevado comportamiento por parte de las personas que a ellos acuden o hacen acto de presencia en la periferia de los mismos», expresó.
TITULARIDAD EN ZONA FRONTERIZA
Indicó que «también se debe resolver de manera definitiva lo concerniente a la titularidad de los inmuebles en la región fronteriza y que, por lo tanto, los senadores y diputados tienen que cumplir con el numeral 2 del artículo 10 de la norma suprema que establece una reserva de ley que se orienta a resguardar la soberanía terrestre».
Manifestó que «esta disposición expresa que ‘el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional”.
Indicó que el referido texto constitucional data de la reforma hecha en enero de 2010, y no se explica que hayan mediado trece años conocer proyecto alguno al respecto, pese a la gran importancia que reviste esta reserva legal, toda vez que garantiza la salvaguarda de una parte estratégica y la soberanía terrestre de la República Dominicana.
