SabanetaTV Cerca de tí
Para el especialista en seguridad social, las distorsiones en el sistema no están dadas por la Ley, sino por los intereses económicos que se mueven entre los actores
Por. Tania Molina
Santo Domingo, R.D. – Al menos en lo que respecta a la parte estrictamente de salud, la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, no requiere de modificaciones sino de aplicación.
En esto está más que convencido el que fuera uno de los creadores de esta ley, Arismendi Díaz Santana, quien también tiene claro el juego de intereses que ha impedido una aplicación íntegra de la legislación que se aprobó el 9 de mayo de 2001, tras largos años de debates intersectoriales.
Más allá de sus análisis que con regularidad hace sobre el funcionamiento de la seguridad social, Díaz Santana conversa con Diario Libre sobre los aspectos que todavía siguen pendientes 22 años después de esa aprobación.
«Lo que afecta a la gente es la mala calidad del servicio público que lo obliga a ir al sector privado e incurrir en copago, para eso no hay que modificar la ley»
Arismendi Díaz Santana
«Los problemas en salud, la gran mayoría, no tienen nada que ver con la Ley, tienen que ver con la aplicación de la Ley, con reglamentos que ha establecido el Consejo (Consejo Nacional de la Seguridad Social), con trabas de los procedimientos que hay que seguir», plantea previo a citar los puntos que, advierte, se deben atender en la seguridad social dominicana.
Que haya una buena cobertura en salud, que el servicio público responda a la demanda que tiene la población, que se haga realidad, de una vez y por todas, la atención primaria y la necesidad de una receta única y por principio activo, no por marcas de producto, serían el motor de cambio ante un cuestionado servicio que los usuarios sienten que no les «cubre nada».
Díaz Santana recuerda que, cuando Ligia Leroux, que para el año 2000 dirigía lo que era entonces el Seguro Social, le llamó para presentar una propuesta de ley, la hizo no solo basado en su experiencia como consultor internacional para la Organización Panamericana de la Salud, que se desempeñó por varios años, sino que compiló los planteamientos principales de cuatro propuestas que ya cursaban en el Congreso Nacional en procura de beneficios para la clase trabajadora nacional.
-¿Qué cosas se plantean en la Ley 87-01 que a la fecha no están funcionando?
Lo primero es que, en ninguna parte del mundo, cuando se habla de servicio universal, se pueden ofrecer los servicios que tiene la clase alta, aunque tampoco los de la clase más baja. Hay que poner una media.
Para que la Seguridad Social funcione, lo importante es asegurar tu derecho a la salud. Pero ¿qué salud? No se puede garantizar a la población todo lo que necesita en nada, menos en salud. Un país pobre no puede garantizar un sistema de salud rico. La idea es que el tema crezca según crece el ingreso.
Tu puedes ofrecer todo, pero sin garantía de nada y aquí los hospitales eso es lo que hacen. Que ofrecen de todo, pero al final no tienen nada.
La gente va a buscar el servicio y no pueden dárselo, pues no tienen los reactivos, no pueden hacer imágenes, se daña el equipo … ¿y por qué? Porque hay un presupuesto determinado, pero de ese presupuesto, lo más importante es pagarles a los médicos todo lo que ellos quieran. Entonces, cada vez que piden un aumento, le dan el aumento, con el mismo presupuesto y se reduce la partida para todo. Por eso hay abundancia de médicos y carencia de medicinas y reactivos.
El Servicio Nacional de Salud (SNS) tuvo un presupuesto el año pasado de 58,000 millones de pesos. Cuando se analiza, el 83 % de esos recursos son solo para pagar salario. Pero hay 4,000 millones, un 7 % que es para compra de materiales y suministro, que uno se imagina es para los gastos de los hospitales y la administración.
Aún más. El SNS tiene 88,000 empleados. 54,000 no son ni médicos ni enfermeras. Ese mal servicio alimenta la privatización. Y entonces, la clínica gana, el médico que recibe honorario, gana. Pierde el Estado y pierde el ciudadano que incrementa su gasto de bolsillo.
-Se dice que no se invierte en la Salud Pública, para favorecer a la privada
Es una forma de poner un impuesto. La privatización es un impuesto.
-¿Qué es lo que hace tan difícil la implementación de la atención primaria?
Se contempló un primer nivel de atención para que te hagan un chequeo anual, por ejemplo, y te evalúen y decidan si hay que darle seguimiento y crear un club para seguir el tema. Pero cuando se hace eso, no se paga copago.
Eso debe hacerlo el médico de familia. Esos centros deben ser cerca de la gente, en el barrio. Los bancos están llevando sus servicios a los barrios y Salud Pública no (pone tono de reproche).
Hablamos de un chequeo anual gratis para todos los miembros de la familia. Si eso es gratis, no va a la clínica y si no va a la clínica, no se gana por eso. Ahí la oposición.
-¿Cómo se sustenta la atención primaria?
La atención primaria no tenía un esquema rígido. Si a un médico se le asignan 2,000 personas con una cápita, mientras más saludable estén (los pacientes), mejores los beneficios. Pero en los hospitales, lo que se da ahora es que mientras más se enferma la gente, más ganan las clínicas.
Lo que ha impedido ese servicio es que hay grupos que saben que van a perder negocios con eso.
Hay estudios que dicen que una de cada cuatro personas que esperan en un consultorio, hay tres que no deben estar ahí porque pueden ser atendidas en la atención primaria. El primer impacto que tendría la atención primaria es que va a descongestionar a todos los hospitales y clínicas del país, pues solo irá allí, quien necesita la atención.
-La cobertura de los seguros, ¿se puede mejorar?
Claro que hay que mejorarla. El objetivo de la atención primaria no es economizar recursos a la Seguridad Social, sino asignar mejor esos recursos.
Pero nosotros nos damos el lujo de recetar medicamentos de alto costo. Eso es un fallo de la Seguridad Social y de Salud Pública.
Cuando hice los cálculos para la Ley, se asumió en todo momento que los medicamentos iban a ser genéricos. Nunca se habló de tope (en medicamento), ni de 3,000 ni de 8,000 que es ahora. Lo que se estableció es el 30 % que ibas a pagar.
Pero el tope de 8,000 no sería gran problema, si las indicaciones fueran por principio activo, pues son mucho más baratos y te alcanzaría mucho más ese dinero.
Pero si la atención primaria se aplicara, todos los medicamentos de ese nivel no tendrías que hacer copago y tampoco se computan dentro de los 8,000. Y, si además fuera por principio activo, serían casi 16,000 pesos (en rendimiento).
Hay un catálogo que se realiza con medicamentos aprobados por Salud Pública y por tanto es válido, pero, veamos, el catálogo no incluye el medicamento patentado que el médico quiere imponer para ganarse una comisión del laboratorio. Pero yo como médico quiero prescribirte a ti un medicamento específico, porque genera beneficio. En un país como este, ese médico no es sancionado cuando se prescribe un medicamento que no está en el catálogo y que es seguro que la ARS no lo pagará, pero entonces, lo que sale es a decir que la ARS te están negando tus derechos. No dice que es que ese medicamento no está incluido en el catálogo.
Mejorar el servicio público
«La base fundamental para que mejore la seguridad social es mejorar los servicios públicos, sin eso, sigue el gasto de bolsillo. Luego, la atención primaria, que extenderá los años de vida de una persona, pues detecta problemas y tratará de controlarlos.
Tercero, cuando te pensionen, la ley dice que tú debes tener un seguro médico y no se cumple, solo con los empleados públicos pensionados y eso, que tienen pensión del sector público y lo mandan al Senasa subsidiado. Hay una serie de distorsiones, pero esas no están en la Ley, no quiere decir que la ley sea perfecta, lo que digo es que para mejorar a la población en un 80 o 90 por ciento en su nivel de satisfacción, no tengo que modificar la ley en materia de salud», reitera Díaz Santana.
